PREGUNTAS FRECUENTES

Reclamaciones colectivas

Según establece la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de Contratación, una reclamación judicial colectiva, denominada acción de cesación, puede ser ejercitada, por las asociaciones que, estatutariamente, tengan encomendada la defensa de los intereses de sus miembros y por las asociaciones de consumidores y usuarios, entre otros (artículo 16).

Esta acción de cesación “se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a eliminar de sus condiciones generales las que se reputen nulas y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo, determinando o aclarando, cuando sea necesario, el contenido del contrato que ha de considerarse válido y eficaz” (artículo 12).

De esta forma, una acción judicial colectiva tiene por objeto la declaración, cesación y retractación de condiciones generales que se consideran ilícitas y/o abusivas.

En nuestra opinión, en el caso de los VALORES SANTANDER, no es aplicable una reclamación judicial colectiva porque no existe ninguna cláusula ilícita y/o abusiva. Así, la comercialización intensiva con una generalizada falta de información no es motivo suficiente para el ejercicio de acción de cesación (reclamación colectiva).

Algo distinto es una conciliación extrajudicial colectiva promovida por asociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo entre los afectados asociados y el Banco Santander.

Co-demandantes (grupos de afectados)

Tampoco es posible, la agrupación de afectados como co-demandantes solicitando la nulidad de los contratos por vicio de consentimiento porque, aunque se cumple el requisito de la misma causa, no cumple, en general, el de mismos hechos.

Y el motivo por el que no lo cumple es porque el producto no se comercializó exactamente de la misma forma a todos los afectados, ni todos éstos tienen el mismo perfil ni conocimientos económicos – financieros. En definitiva, no es lo mismo si el afectado es una persona jubilada, una persona con estudios universitarios o una empresa. Cada uno tiene que demostrar, de forma individualizada, que se produjo un incumplimiento del deber de información y, por tanto, un vicio en el consentimiento de su contrato. Debe tenerse en cuenta que en estos casos resulta esencial la prueba a practicar en el juicio, debiendo ésta dirigirse a demostrar, de forma indubitada, el engaño en la comercialización del producto. De ahí que las particulares circunstancias de cada caso resulten esenciales.

En nuestra opinión, únicamente podría intentarse una co-demanda en aquellos casos en los que se pudieran defender el requisito de “mismos hechos”. Por ejemplo, cuando los afectados recibieron la información en el mismo instante y los conocimientos financieros sean similares.

Nulidad por causa de desconocimiento del emisor

Que el emisor de los VALORES SANTANDER sea una entidad distinta de la del Banco Santander es difícil que se declare (judicialmente) como causa de nulidad del contrato porque siempre se podría aplicar la doctrina del “levantamiento del velo. Pero sí que puede utilizarse como un argumento más del incumplimiento del deber de información.

Garantizado por el Banco Santander

La utilización de la expresión “garantizado por el Banco Santander” puede inducir a error porque parece que garantiza el riesgo de precio de los títulos (principal de la operación) y lo que está garantizando es el riesgo de crédito (insolvencia) de la entidad emisora de los títulos.

Solicitud de la suspensión del canje obligatorio como medida cautelar

Nuestro equipo jurídico ha estado estudiando la necesidad de adelantar las demandas judiciales individuales, sin esperar a las respuestas del Servicio de Atención al Cliente del Banco Santander y/o de la Reclamación ante la CNMV, si existía la posibilidad de solicitar la suspensión del canje obligatorio del próximo 4 de octubre  como medida cautelar.

Jurídicamente, únicamente se adoptan medidas cautelares cuando existe riesgo de una variación importante en la capacidad de pago del demandado entre el momento de  presentación de la demanda y el de ejecución de una supuesta sentencia en su contra. Este supuesto es muy improbable que se acepte en una demanda contra una entidad como el Banco Santander.

Intereses legales y daños y perjuicios

Es importante tener en cuenta que, si se declara nulo el contrato firmado, también se declaran nulas todas las actuaciones posteriores a la celebración del mismo.

Esto quiere decir que, en caso de sentencia favorable declarando la nulidad del contrato, el Banco Santander tendría que devolver íntegramente el importe invertido por el afectado y demandante, pero éste tendría que devolver los intereses cobrados durante estos 5 años y, en su caso, los dividendos que pudiera cobrar una vez convertidas las obligaciones en acciones el próximo 4 de octubre.

Por este motivo, es importante solicitar en la demanda los intereses legales que el importe de la inversión habría devengado durante este tiempo como lucro cesante, y, en su caso, solicitar expresamente la compensación de dicho lucro cesante con los intereses recibidos.

Los daños y perjuicios son más difíciles de demostrar como es necesaria una valoración económica de los mismos. La pérdida de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, aunque pueda significar un daño moral, es difícil que sea aceptada en un juicio si no ha ocasionado pérdidas reales, pero los gastos generados por consultoría financiera, por ejemplo, sí que podrían entenderse como un perjuicio económico. En caso de sentencia favorable, los honorarios de los abogados del afectado pueden incluirse en las denominadas costas procesales, que serían abonadas por el demandado.

Gastos judiciales

Si la cantidad a reclamar es inferior a 6.000 euros, el procedimiento a seguir es el del juicio verbal.

Si la cantidad a reclamar es superior a 6.000 euros, se seguirá por los trámites del procedimiento ordinario.

En ambos casos la intervención con abogado y procurador es preceptiva si la cantidad reclamada es superior a 2.000 euros (es decir, verbales desde 2.000 hasta 6.000 euros y todos los ordinarios). En el caso de los VALORES SANTANDER, y considerando que el valor nominal es de 5.000 euros, sólo en el caso de que únicamente se haya suscrito un título el procedimiento será el del juicio verbal.

Existen otros gastos derivados del proceso (además del abogado y procurador) a los que hay que hacer frente, como tasas judiciales (las cuales si el demandante es una persona física y determinadas personas jurídicas no hay que pagar) o informes periciales que también habrían de satisfacerse.

En el caso de que la demanda fuese íntegramente estimada (sentencia 100% a favor) conllevaría la condena en costas de la parte demandada, lo que supondría que todos o gran parte de esos gastos serían pagados por la demandada. En el caso de que la demanda fuese tan solo parcialmente estimada, cada parte pagaría sus gastos a no ser que el Juez entendiera que se ha actuado con “temeridad”, en cuyo caso, también se le impondrían las costas al demandado.

Lugar de presentación de la demanda

Según establece la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (artículo 51), “las personas
jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio. También podrán ser
demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio
haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento
abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad.”.

De esta forma, la demanda debe presentarse en los Juzgados de 1ª Instancia
de Santander o bien en los del domicilio en los que se contrató el producto
bancario correspondiente. En caso de recurso de apelación de la resolución judicial
dictaminada, dicho recurso será tramitado y resuelto por la Audiencia Provincial
correspondiente al Juzgado en el que se interpuso la demanda inicial.

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